El 20 de julio de 2021, los diputados y senadores reunidos en comisión mixta aprobaron el proyecto de ley de lucha contra el cambio climático y refuerzo de la resiliencia. El 27 de julio de 2021, el texto fue presentado al Consejo Constitucional para un control a priori de más de 60 diputados.

En aplicación del artículo 61 de la Constitución, sesenta diputados han remitido la esperada ley de lucha contra el cambio climático y refuerzo de la resiliencia al Consejo Constitucional, que deberá pronunciarse el jueves 5 de agosto, debido al procedimiento de urgencia iniciado por el Gobierno. El objetivo principal del proyecto de ley es obligar al Estado francés a respetar el objetivo europeo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí a 2030, al tiempo que se establece un sistema de evaluación permanente de los efectos de la ley para garantizar su aplicación.

El proyecto de ley prevé un cambio en los patrones de consumo, incluyendo una etiqueta medioambiental para los productos de consumo, incluida la ropa, que tengan un impacto significativo en el medio ambiente, basada en una puntuación ecológica estandarizada y obligatoria; la publicidad de los combustibles fósiles se prohibirá en 2022 y la de los coches contaminantes en 2028; los grandes y medianos comercios con más de 400 m2 de superficie de venta tendrán que dedicar el 20% de su superficie de venta a productos a granel para 2030.

También cambiarán los modelos de producción y trabajo, ya que todos los contratos y pedidos públicos deberán tener en cuenta criterios ecológicos. Los empleados podrán expresar su opinión sobre la estrategia medioambiental de su empresa.
El desarrollo de la energía descarbonizada va acompañado de objetivos regionales para el desarrollo de las energías renovables o la ampliación de la instalación de paneles solares o techos verdes en superficies comerciales, oficinas y aparcamientos.

En cuanto a los desplazamientos, el proyecto de ley crea zonas de bajas emisiones (LEZ) en las ciudades de más de 150.000 habitantes para finales de 2024, donde se prohibirán los coches más antiguos. En las 10 ciudades que superan regularmente los valores límite de calidad del aire, se introducirán automáticamente prohibiciones de circulación para los vehículos Crit'air 5 en 2023, Crit'air 4 en 2024 y Crit'air 3 en 2025.
Se prohibirán los vuelos nacionales si hay un viaje alternativo en tren de menos de 2,5 horas y la compensación de carbono para los vuelos nacionales será obligatoria a partir de 2022. Sin embargo, las regiones tendrán que ofrecer tarifas atractivas en los trenes regionales y se crearán carriles exclusivos para compartir vehículos.
En 2030 se prohibirá la venta de nuevos coches contaminantes y en 2040 se prohibirá la venta de los camiones, autobuses y autocares más contaminantes.

El proyecto de ley prevé la renovación ecológica de los edificios: los propietarios tendrán que realizar obras de renovación energética para poder aumentar el alquiler de su vivienda a partir de 2023. A partir de 2025, los edificios con el peor aislamiento dejarán de alquilarse.

La tasa de recuperación de tierras tendrá que reducirse a la mitad de aquí a 2030 para conseguir que la recuperación de tierras sea nula en 2050. Se prohibirá la creación de nuevos centros comerciales que supongan una artificialización del suelo.

Se prevé un nuevo delito de ecocidio, con sanciones penales más duras. El proyecto de ley crea un delito de puesta en peligro del medio ambiente, que podría ser castigado con tres años de prisión y una multa de 250.000 euros, si una persona expone el medio ambiente a un riesgo de daño duradero para la fauna, la flora o el agua al violar una obligación de seguridad o prudencia. Se prevé un delito general de contaminación ambiental y un delito de ecocidio para las infracciones más graves cometidas intencionadamente contra el medio ambiente y se castigan con una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de 4,5 millones de euros o diez veces el beneficio obtenido por el autor.