Ante la epidemia de Covid-19, se creó el régimen de emergencia sanitaria mediante la ley del 23 de marzo de 2020 y se reactivó el 17 de octubre de 2020 para tomar varias medidas de policía sanitaria. Estas medidas han permitido hacer frente a la llegada de nuevas variantes que han aparecido desde enero.

El proyecto de ley pretende organizar el fin del estado de emergencia sanitaria, que finalizará el 1 de junio de 2021, estableciendo un sistema intermedio para responder rápidamente a una posible reanudación de la epidemia, permitiendo al mismo tiempo el restablecimiento de las normas de derecho común. Este régimen se aplicaría desde el 2 de junio hasta el 31 de octubre de 2021.

El proyecto retoma la ley n° 2020-856 del 9 de julio de 2020 sobre la salida de la emergencia sanitaria de julio de 2020, con la posibilidad para el Primer Ministro de limitar los desplazamientos, la utilización de los transportes públicos, la apertura de los establecimientos públicos, así como las reuniones. Una de las medidas supeditará los viajes hacia y desde Francia a la presentación de un documento que demuestre un resultado negativo en la prueba Covid-19 o una prueba de vacunación. Este texto constituirá así la base jurídica de la "tarjeta sanitaria" incluida en una iniciativa de la Unión Europea conocida como "pasaporte verde" con el objetivo de facilitar los desplazamientos dentro del espacio Schengen. Este dispositivo debería estar operativo a partir de junio de 2021.

En caso de recrudecimiento de la epidemia en Francia, el proyecto de ley permitirá declarar el estado de emergencia sanitaria a nivel local, en territorios que no representen más del 10% de la población nacional, por un periodo máximo de dos meses, hasta el 31 de agosto de 2021. Por lo tanto, será posible establecer un confinamiento o un toque de queda en estas zonas.

En el contexto de la propagación de variantes, el artículo 4 del proyecto prevé la posibilidad de reforzar el régimen de cuarentena y aislamiento, con la facultad de que la administración se oponga a la elección del lugar de alojamiento elegido por un ciudadano, si se comprueba que dicho lugar conlleva un riesgo de propagación de estas variantes. Los funcionarios de aduanas y de competencia, consumo y control del fraude estarán facultados para registrar las infracciones de la normativa sanitaria y podrán inspeccionar los establecimientos abiertos al público.

Dada la importancia de los datos recogidos en los sistemas de información implantados para el seguimiento y la gestión eficaz de la evolución de la situación sanitaria, el texto prevé que estos datos se reúnan de forma anónima en el sistema nacional de datos sanitarios.

El proyecto de ley prorroga y adapta las medidas adoptadas por ordenanza durante la crisis sanitaria hasta finales de octubre de 2021. Esto incluye el disfrute de las vacaciones pagadas, los contratos de trabajo cortos y las jurisdicciones. El gobierno podrá adoptar nuevas ordenanzas sobre el trabajo a jornada reducida y los desahucios por alquiler.

Por último, el texto prevé las normas de organización de las elecciones departamentales, regionales y de asamblea que tendrán lugar en junio en Córcega, Guayana y Martinica, con el fin de asegurar la organización de la campaña electoral y las operaciones de votación.