Chile es un país con diversos atractivos turísticos. Cuenta con una longitud de 4.329 Km, a lo largo en América del Sur y por tanto se configura como el país más largo del mundo. Entre sus principales actividades económicas se destacan la producción de cobre, la refinería de petróleo, la pesca producto de la gran cantidad de puertos marítimos y la industria maderera debido a los extensos bosques.

Este país andino, consiente de sus riquezas naturales, desde hace muchos años comenzó a implementar políticas y mecanismos de protección al medio ambiente, así, por ejemplo, a partir del 2013 es uno de los pocos países en América que cuenta con tres tribunales especializados en materia ambiental. El Primer Tribunal se sitúa en Antofagasta, el Segundo Tribunal con sede en Santiago y finalmente El Tercer Tribunal con asiento en Valdivia los cuales constituyen una extensa jurisdicción cuya competencia abarca todo el territorio chileno.

Este país es uno de los 35 países miembros de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Uno de los objetivos de dicha organización es analizar y comparar aspectos relativos al cambio económico, social y ambiental de sus miembros. Es por ello, que este año, la OCDE en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó el resultado de las evaluaciones del desempeño ambiental de Chile en el 2016.

El informe hace mención de un sin número de medidas satisfactorias empleadas por Chile en beneficio del medio ambiente entre algunas de ellas:

La creación y adopción de la Ley 20.551 que Regula el Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras en el 2012. En el 2013, se crea la Súper Intendencia del Medio Ambiente, de la cual se destaca una gran labor, ya que es una entidad responsable de la fiscalización en materia ambiental y supervisa las evaluaciones ambientales estratégicas de los planes territoriales, en este sentido las estadísticas mostraron que en el 2014 se triplicaron las inspecciones realizadas por dicha entidad, lo cual derivó en una serie de investigaciones.
Por otro lado, se encuentran los planes nacionales para la protección de los glaciares y la conservación de los humedales, el último de éstas políticas ha sido presentada mediante un proyecto ley en el 2014.

Sin embargo, también se hace mención de situaciones que deben ser trabajadas y por ende sus respectivas recomendaciones entre ellas: se recomienda fuertemente que Chile materialice la intención de imponer una responsabilidad penal respecto a las categorías de los diversos delitos ecológicos o ambientales, para lo cual debe delimitar dichos delitos estableciendo los tipos penales, las sanciones sus agravantes y atenuantes de modo que facilite la identificación y distinción de las sanciones administrativas.

En el pasado se encuentran registrados varios lamentables acontecimientos que indudablemente han afectado y deteriorado el medio ambiente chileno como: el derrame de petróleo en la Bahía de San Vicente, el alto grado de contaminación industrial por plomo en Arica, la marcada deforestación y desertificación entre Valparaíso y Concepción, la contaminación del rio Mataquito que ocasionó la muerte de miles de especies acuáticas, el desastre del Santuario de los Cisnes en Valparaíso entre muchos otros. Quizás de haber existido una sanción penal se hubieran evitado tales desastres, o por lo menos el castigo de los infractores hubiese sido de peso y no hubiese quedado simplemente en una sanción administrativa.

Es oportuno señalar que Chile es uno de los pocos países que aún se resisten a incorporar el eco crimen en una ley o código penal. No obstante, la penalización de los delitos ambientales es una tendencia mundial, esperemos que en un futuro próximo Chile se anime y se sume a esta lucha desde la perspectiva penal.