La Guajira es un departamento de la región Caribe ubicado en extremo norte de Colombia, con un territorio semidesértico, es sin duda alguna la región más árida del país y cuenta con una red hídrica insuficiente, en su territorio también se encuentran importantes yacimientos de gas y es la sede del complejo minero Cerrejón una de las minas a cielo abierto de carbón más grande del planeta.


El complejo minero Cerrejon en su política de expansión ha solicitado a las autoridades competentes en materia ambiental del país, las licencias necesarias para desviar el cauce de varias fuentes de agua que abastecen las zonas urbanas y rurales del departamento, con el propósito de elevar el volumen de extracción de carbón. Dicha licencia fue entregada por la autoridad nacional de licencias ambientales (ANLA) a partir de estudios técnicos proporcionados por la empresa.

A principios del mes de febrero, el secretario de Salud de La Guajira en Colombia, denunció que había 16 niños de una misma familia hospitalizados producto de una severa desnutrición, provocada por falta de alimentos y de agua potable en la región. Diversas preguntas surgen, si la guajira es una departamento que cuenta con insuficientes recursos hídricos, por que las instituciones ambientales otorgan permisos de desviación de las fuentes que abastecen de agua de las poblaciones de dicho departamento? acaso el desarrollo económico de una multinacional puede primar por encima de los derechos fundamentales de una comunidad?

El Consejo comunitario de negros ancestrales de Barrancas interpuso una acción de tutela responsabilizando a la empresa el cerrejón por los problemas de acceso al agua potable que vive dicha comunidad, a lo que la Corte constitucional ordenó a la empresa el cerrejón a unirse a la tarea impuesta a las autoridades para construir un plan que garantice el acceso a agua potable en favor de los habitantes del municipio de Barrancas. “en un máximo de dos años, se debe concretar un modo definitivo que permita que, de manera permanente, que los pobladores tengan acceso a este servicio público. A esa misión se deberán comprometer también los ministerios de Hacienda y Vivienda, la Gobernación de La Guajira, la Alcaldía de Barrancas y la empresa Aguas de La Guajira. Mientras tanto, dice la Corte, deben acudir a carro tanques, instalación de pozos transitorios o demás mecanismos que garanticen el suministro mínimo de agua potable hasta que el plan definitivo sea una realidad”.


Lamentablemente las actividades de alto impacto ambiental tienen consecuencias irreversibles, el desarrollo económico de un país no puede obedecer solo a los intereses de unos pocos en deterioro de la salud y calidad de vida de la población en general.