1. Incumplimiento de la legislación europea sobre los vertederos

La primera denuncia se refiere a la deficiente gestión de los residuos y al no cumplir la legislación de la UE pertinente. En efecto, la Directiva de 1999 relativa al vertido de residuos establece un conjunto de normas sobre los vertederos para prevenir sus efectos negativos (recogida, transporte, almacenamiento, tratamiento y eliminación de residuos) para la salud humana, el agua, el suelo y el aire. Su objetivo es prevenir o reducir en la medida de lo posible las repercusiones negativas del vertido de residuos durante todo el ciclo de vida de los vertederos.

Según esa directiva, los vertederos que estaban en funcionamiento en 2001 debían cumplir las nuevas normas o haber parado sus operaciones a más tardar el 16 de Julio de 2009.
Sin embargo, cinco años después de la expiración del plazo, en España siguen en funcionamiento veintiocho vertederos que infringen la normativa, y otros tres pendientes de renovación - Ortuella, en el País Vasco, y Zurita y Juan Grande, en las Islas Canarias - para adaptarse a la legislación vigente. El comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnick considera que su departamento había emitido suficientemente “advertencias previas” del incumplimiento y ha decidido llevar el procedimiento a la fase final: la denuncia ante el Tribunal, el cual podrá decidir de condenar o de imponer multas.
La consecuencia de la denuncia podría ser multas elevadas aunque las multas únicamente se imponen tras pasar por el tribunal dos veces. Se calculan en función de variables como el Producto Interior Bruto (PIB) del país, la duración del incumplimiento y su gravedad. En el caso de los vertederos ya van cinco años. Aunque el fallo del Tribunal se puede tardar dos años, España debería cumplir antes para que tras la sentencia no haya multas coercitivas.


Por otro lado, hace unos días la Comisión Europea propuso unos objetivos de reciclaje obligatorio para toda la Unión. El propósito es llegar a que los europeos reciclen el 70 % de los residuos municipales y el 80 % de los residuos de envases de aquí a 2030 y prohibir arrojar residuos reciclables a vertederos a partir de 2025. Para entrar en vigor, el nuevo objetivo aún tiene que ser aprobado por los Gobiernos y por el Parlamento Europeo. España es uno de los países que más difícil tendrán el cumplimiento de estos nuevos requisitos, puesto que está entre los Estados que menos reciclan y donde más basura acaba en los vertederos.
Es lo que denuncia el informe titulado “Un yacimiento en la basura” publicado juntamente por las organizaciones “Ecologistas en acción” y “Amigos de la tierra” en noviembre de 2013 en el que denunciaron que los residuos urbanos siguen acabando en una proporción muy elevada —cerca del 70%— en los vertederos. Estas dos organizaciones aseguran que se desperdician millones de toneladas de materias primas que tendrían que ser recicladas.

2. Una línea ferroviaria amenazando a una zona protegida
La segunda condena concierne a una línea ferroviaria de alta velocidad uniendo Sevilla y Almería aún en fase de construcción, por incumplimiento a la legislación, tanto española como la de la UE.


Las obras incumplen a la Directiva sobre las evaluaciones de impacto ambiental del 1985 la cual se aplica a una extensa gama de proyectos públicos y privados claramente definidos.
la cual se aplica a una extensa gama de proyectos públicos y privados claramente definidos. También violan la Directiva dicha “Aves” del 2009 que obliga a los Estados miembros a evitar el deterioro de los hábitats y la perturbación de las aves y la Directiva de hábitats. Esta última obliga a los Estados miembros a adoptar medidas adecuadas para evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de determinadas especies, así como la perturbación de las especies cuya protección deben garantizar las zonas designadas.

Esta línea ferroviaria ha provocado graves consecuencias en las Campiñas de Sevilla, una zona de gran importancia para la conservación de las aves pero a la cual España no otorgó el estatus de zona de protección especial hasta que el Tribunal de Justicia de la UE dictó sentencia forzándola. Las obras de construcción ya habían empezado al momento de la sentencia. Como consecuencia de ese retraso, el procedimiento relativo al impacto ambiental del proyecto no tomaba en cuenta su estatus de zona de protección ni las especies de alberga. Resulta que el proyecto no habría debido aprobarse tal como está presentado ya que está causando un deterioro del hábitat y de las aves protegidas, situación que podría acentuarse si la línea ferroviaria se pusiera en funcionamiento.
Por esta razón, y considerando que España no ha adoptado las medidas necesarias para reparar el daño causado, la Comisión ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.


La Comisión europea, además de esas dos denuncias, le abro a España el mismo día 10 de julio expediente por aplicar mal la directiva de residuos de minas en la comarca del Bages (Barcelona), donde la empresa Iberpotash extrae potasa, y por no evaluar correctamente el impacto ambiental de la nueva línea eléctrica de muy alta tensión (MAT) en su tramo entre Santa Coloma de Gramenet y Sentmenat (Barcelona).