Europa, a través de la Directiva marco del agua, considera con razón que la lucha contra las contaminaciones químicas es una prioridad para reconquistar la calidad de las aguas europeas. En efecto, la situación de los ríos se encuentra cada vez más amenazada por estas contaminaciones generalmente de origen agrícola o industrial. Constituyen la causa principal de la degradación de la calidad de las aguas y de la decadencia de las poblaciones acuáticas. Ahora bien, la política francesa concede un sitio fundamental a la restauración de la continuidad ecológica de los ríos para alcanzar el buen estado en 2015. La tenida en cuenta de este parámetro es secundaria respecto a las verdaderas amenazas que acechan nuestros ríos. Entonces, está establecido que Francia ha hecho la mala elección en términos de prioridad. Sin embargo, esta mala elección no es la sola razón del riesgo de no alcanzar los objetivos europeos. Efectivamente, la puestas en ejecución de la restauración de la continuidad ecológica presenta un cierto número de insuficiencias.

I- Incoherencias y carencia democrática

La restauración de la continuidad ecológica a escala nacional necesitó un cierto número de adaptaciones y de innovaciones para garantizar la eficacia de su puesta en ejecución. Esto se tradujo por una inflación règlamentaria importante. En efecto, los textos reglamentarios se multiplicaron para garantizar eficazmente la libre circulación piscícola y el transporte natural de los sedimentos. Sin embargo, hoy se deduce de esta multiplicidad de textos, algunas dificultades. La articulación y la coherencia entre los diferentes instrumentos se vuelven cada vez más complejas, conduciendo así a contradicciones que desacreditan la eficacia de las acciones emprendidas por la política del agua. El Tribunal de Cuentas lo subrayó por otra parte en su informe anual publicado en 2010: " El Estado pena más a optimizar la articulación de los instrumentos reglamentarios ". Por ejemplo, los prefectos de departamento fijan por orden gubernativa la interdicción de levantar los ahechos de los molinos por causa de estiaje, para preservar así el recurso en agua y los medios acuáticos. Por el otro lado, la clasificación de los ríos preve para ciertas obras, la abertura de las compuertas con el fin de asegurar la reconquista de la continuidad ecológica. Este ejemplo demuestra la incoherencia total de la política del agua en Francia.

Por otra parte, algunos de estos instrumentos reglamentarios presentan algunas lagunas e incoherencias que pueden comprometer su eficacia. Es el caso particularmente del instrumento de clasificación de los ríos. Este último apunta reducir particularmente los impactos de las obras hidráulicas en los ríos y su población piscícola, para contribuir a la ofensa del buen estado. La asociación para la prevención de las contaminaciones industriales y la protección medioambiental Ródano Medio (APRIM) publicó el enero pasado, una crítica del nuevo procedimiento de clasificación de los ríos. Ésta denuncia particularmente las condiciones de su puesta en ejecución. En primer lugar, considera que las reglas del artículo L 214-17 del código del medio ambiente, relativas a la clasificación de los ríos, fueron " definidas arbitrariamente, de mane opaca y autoritaria ". En efecto, la clasificación apunta particularmente los propietarios forzados de poner en las normas sus obras hidráulicas. Esta postura a las normas está más parte del tiempo acompañada por presiones ejercidas por la administración que se comprometió en una verdadera carrera contrarreloj para alcanzar el objetivo de buen estado en 2015. Esta situación genera un cierto número de discordias con los propietarios de obra a menudo muy pocos asociados con el establecimiento de estas listas, y confrontados con situaciones imprevistas que deben resolver en plazos muy cortos. Estas dificultades han sido puestas de relieve por otra parte en 2012 por el CGEDD, en un informe de diagnóstico de la puesta en ejecución de la continuidad ecológica. Confirman que existe en el seno de la puesta en ejecución del procedimiento de clasificación, una carencia democrática. Esta carencia se ejercita en detrimiento de los propietarios de molinos, muy pocos informados y muy pocos concertados por las autoridades en carga del agua. Estas prácticas constituyen una falta manifiesta al respeto de los principios del Convenio de Aarhus, el cual garantizado el derecho a ser informado, concertado y de participar activamente en la toma de decisiones en materia de medio ambiente.
En segundo lugar, la circular DCE 2008/25 relativo a las clasificaciones de los ríos preve que " la ganancia ecológica debe ser verificada respecto al diagnóstico de la continuidad de los hábitates. Si esta ganancia es débil o inexistente, la desclasificación debe ser la continuación lógica ". En otros términos, emana de esta exigencia que el prefecto esta onligado de justificar la clasificación de los ríos respecto a una ganancia ecológica notable. Sin embargo, ha sido constatado en el seno de numerosos estanques (el Loira-Bretaña por ejemplo) el incumplimiento de esta condición. Este atestado permite atestiguar que la política francesa del agua emprende acciones a favor de la continuidad ecológica, sin tener los conocimientos suficientes sobre el beneficio ecológico.

II – Insuficiencias de los datos sobre el agua

Por otro lado, el sitio excesivo concedido a la restauración de la continuidad ecológica condujo Francia a de lado la evaluación del estado químico y ecológico de los ríos. Los esfuerzos de éste para responder a las exigencias de la DCE han sido considerados como muy decepcionantes. En 2012, la Comisaría general del desarrollo sostenible del ministerio de la ecología afirma que Alemania evaluó el estado químico de 96,5 porcentual de sus masas de agua y que cinco otros Estados ya alcanzaron los 100 porcentuales. Francia, ella, evaluó el estado químico sólo 2/3 de sus masas de agua.
La Comisión Europea en su informe publicado en 2012 denuncia los desfallecimientos de la política francesa del agua respecto a la insuficiencia de los datos y de la vigilancia de las aguas de superficies. Efectivamente, un año y medio antes de la espiración de plazo fijado por la DCE, Francia no es todavía capaz de proporcionar la totalidad de las medidas químicas y ecológicas del conjunto de sus masas de agua. La imposibilidad de producir estas medidas plantea numerosos problemas, no permite a Francia poner en ejecución acciones para alcanzar una calidad suficiente del conjunto de los ríos. En efecto, sólo una evaluación completa del estado de las masas de agua permite actuar eficazmente las causas de degradación. En este contexto, el Tribunal de Cuentas duda seriamente de la capacidad de Francia a alcanzar el objetivo fijado por la DCE. Es necesario subrayar que ésta no puede pretender actuar a favor del buen estado, mientras que ella desconoce la situación de una gran parte de estos ríos. Sin embargo es lo que afirma claramente.

En cambio, hay que poner en evidencia el hecho de que las lagunas de la política francesa del agua son anteriores a la puesta en ejecución de la DCE. Efectivamente, según Michel Lesage, diputado de las costas de Armor, " el modelo francés de gestión del agua si permitió avanzados, hoy alcanzó sus límites ". En su informe de evaluación de la política del agua, explica el problema de una organización institucional dividida en trozos. En el dominio del agua, un gran número de actores intervienen a diferentes escalas geográficas para asegurar el pilotaje eficaz de la política del agua. Existen entonces múltiples estructuras y compuestas de actores, cuyas competencias son variables. De esta situación, emana dificultades de comunicación y de coordinaciones entre las diferentes estructuras. También tiene para consecuencia de diluir las responsabilidades de cada uno, un problema para la puesta en ejecución efectiva de la DCE.

La capacidad de Francia a alcanzar el buen estado en 2015, esta no sólo puesto en tela de jucio por palancas reglamentarios inoperantes, pero igual por palancas financieros ineficaces.